Una de las primeras preguntas que hacen los compradores extranjeros al considerar invertir en bienes raíces en la República Dominicana es si están legalmente autorizados a ser propietarios. La respuesta corta es sí: los extranjeros pueden ser dueños de propiedades libremente en la República Dominicana, con los mismos derechos y protecciones que se otorgan a los ciudadanos dominicanos.
La ley dominicana no impone restricciones basadas en la nacionalidad, residencia o estatus migratorio. Tanto una persona física extranjera como una entidad jurídica extranjera pueden adquirir propiedades residenciales, comerciales, turísticas o de inversión sin necesidad de socios locales, permisos especiales ni autorización previa del gobierno. Esta apertura legal es una de las principales razones por las que la República Dominicana se ha convertido en uno de los mercados inmobiliarios más activos del Caribe para compradores de Estados Unidos y Canadá.
Este derecho está firmemente respaldado por el marco legal dominicano, incluyendo la Constitución, la Ley de Registro Inmobiliario No. 108-05 y la Ley de Inversión Extranjera No. 16-95, las cuales protegen la propiedad privada y la inversión extranjera. Desde un punto de vista legal, los derechos de propiedad de un comprador extranjero son idénticos a los de un ciudadano dominicano una vez que la propiedad ha sido debidamente adquirida y registrada.
Sin embargo, aunque la propiedad está legalmente permitida, la protección de esa titularidad depende completamente de cómo se estructure la transacción. Muchos compradores extranjeros asumen que, por el hecho de que la propiedad está permitida, el proceso es simple o informal. En la práctica, la seguridad jurídica no surge de la nacionalidad, sino de una debida diligencia adecuada, un título válido y un registro correcto ante el Registro de Títulos.
En AlterLegal, asesoramos frecuentemente a clientes extranjeros y les explicamos que la República Dominicana es una jurisdicción favorable para inversionistas extranjeros, pero que requiere acompañamiento legal local para navegar el proceso correctamente. Cuando el procedimiento se maneja de forma adecuada, la propiedad es segura, ejecutable y plenamente protegida por la ley dominicana.
