El sistema inmobiliario dominicano es transparente cuando se navega adecuadamente, pero los compradores extranjeros a veces se encuentran con costos inesperados después del cierre. Estos gastos rara vez son realmente “ocultos”; más bien, son costos que no fueron debidamente revelados, verificados o explicados antes de completar la transacción.
Las sorpresas más comunes después del cierre incluyen cuotas de condominio pendientes, impuestos municipales no pagados, impuestos sobre la propiedad adeudados o cargos de infraestructura y mantenimiento impuestos por el desarrollo inmobiliario. En algunos casos, los compradores descubren que ciertos servicios o amenidades conllevan tarifas obligatorias que no fueron claramente especificadas en el contrato.
Además, los costos relacionados con el registro, honorarios notariales, administración de fideicomiso (escrow) y servicios legales pueden variar dependiendo de la complejidad de la transacción. Cuando los compradores dependen exclusivamente de la información proporcionada por el vendedor o no contratan asesoría legal independiente, estos gastos suelen surgir solo después de que los fondos ya han sido transferidos.
Un proceso de debida diligencia realizado correctamente está diseñado para identificar todas las obligaciones financieras asociadas con la propiedad antes del cierre. Cuando el asesor legal lleva a cabo una revisión completa, los compradores deberían tener una visión clara de los costos de adquisición, gastos continuos y posibles responsabilidades futuras.
Según nuestra experiencia, el riesgo de “costos ocultos” no es inherente al mercado dominicano en sí, sino a transacciones en las que se omitió o apresuró una verificación legal adecuada.
