Los alquileres a corto plazo son una parte integral del mercado inmobiliario impulsado por el turismo en la República Dominicana, y muchos compradores extranjeros adquieren propiedades con la intención de generar ingresos a través de plataformas como Airbnb. En términos generales, los alquileres a corto plazo están legalmente permitidos, pero su viabilidad no es universal y debe evaluarse caso por caso.
La legislación nacional no prohíbe los alquileres a corto plazo. Sin embargo, la legalidad de alquilar una propiedad específica depende en gran medida del marco contractual y normativo que la rige. Los reglamentos de condominios, las normativas de desarrollos residenciales y las reglas de asociaciones de propietarios suelen establecer limitaciones o condiciones sobre la actividad de alquiler. Algunos proyectos permiten explícitamente los alquileres a corto plazo, otros los regulan mediante requisitos de registro o gestión, y algunos los prohíben por completo.
Los compradores extranjeros con frecuencia asumen que, por estar ubicada en una zona turística, una propiedad permite automáticamente los alquileres a corto plazo. En la práctica, esta suposición puede ser incorrecta. Violar las normas del condominio puede exponer a los propietarios a multas, acciones legales o restricciones en el uso de áreas comunes.
Además de las regulaciones privadas, también deben considerarse aspectos operativos. Dependiendo de la naturaleza y la escala de la actividad de alquiler, los propietarios pueden estar obligados a registrar dicha actividad con fines fiscales.
