La duración de una transacción inmobiliaria en la República Dominicana depende en gran medida de las características específicas de la operación, incluyendo la naturaleza de la propiedad y el nivel de preparación de las partes involucradas. Cada transacción es diferente y debe evaluarse caso por caso, ya que esto determinará el alcance de la debida diligencia necesaria, si existen asuntos que deben corregirse antes del cierre y el cronograma general del proceso.
Contrario a lo que comúnmente se piensa, los retrasos rara vez son causados por el propio sistema legal, sino más bien por documentación faltante o desactualizada, impuestos pendientes, correcciones de título, balances pendientes con el condominio o la asociación de propietarios, o registros corporativos incompletos cuando el vendedor es una entidad jurídica.
En promedio, una transacción correctamente gestionada puede tomar varias semanas (aproximadamente de 3 a 4 semanas) desde la firma de la promesa de venta hasta el cierre, siempre que el título esté limpio y no surjan problemas materiales durante el proceso de debida diligencia. Sin embargo, cuando se identifican irregularidades —como atrasos fiscales, discrepancias en el título, asuntos sucesorales o autorizaciones corporativas pendientes— puede requerirse tiempo adicional para solucionarlas adecuadamente antes de continuar.
La emisión del nuevo Certificado de Título suele tardar más, ya que depende de los tiempos internos de procesamiento del Registro de Títulos, los cuales varían según la jurisdicción y están fuera del control directo de las partes.
Los compradores extranjeros deben entender que, aunque el sistema inmobiliario dominicano es seguro y confiable, también es altamente procedimental, y a menudo se requiere paciencia. Intentar apresurar el proceso con frecuencia resulta en riesgos pasados por alto en lugar de un ahorro real de tiempo.
En AlterLegal, los plazos siempre se estructuran en función de los resultados de la debida diligencia, asegurando que el cierre solo se realice una vez que todos los riesgos legales, fiscales y transaccionales hayan sido debidamente abordados.
